La guerra del plástico llega al bolsillo de los consumidores

En tres erres —reducir, reciclar, reutilizar— caben 8.000 millones de euros, 2.400 empresas, 25.000 empleos y una polémica de calado porque está en marcha una nueva regulación sobre envases que ha pillado a contrapié a compañías de alimentación, distribución y hostelería. La ley de residuos aprobada en marzo y el decreto que la acompaña —en tramitación— intentan sacar a España del podio de la mala gestión de los desechos con nuevos impuestos para el plástico no reutilizable, más obligaciones para los productores y la eliminación del 20% de las botellas de plástico en cinco años. Todos los afectados coinciden en la bondad de los objetivos, pero critican los plazos y advierten de que tendrá un impacto en los precios y en las pequeñas y medianas empresas. El gran objetivo es cumplir con las directivas europeas. Para el 31 de diciembre de 2025 deberá reciclarse, como mínimo, el 65% en peso de todos los residuos de envases, cifra que aumenta al 70% a 31 de diciembre de 2030.

Dos de las principales medidas contenidas en el borrador del decreto son la reducción de botellas de plástico de un solo uso en un 20% en 2030 (un primer borrador contempló el 50%) y la prohibición de envasar frutas de menos de 1,5 kilos. El texto debe ser aprobado antes de fin de año para cumplir los hitos del Plan de Recuperación y recibir fondos europeos. El proceso no es fácil porque España es adicta al plástico. Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, asegura que se venden cada día 50 millones de envases de bebidas, de los cuales 35 millones no se reciclan. España es el cuarto país de la UE con mayor demanda de plásticos. Por eso, sostiene Barea, “el usar y tirar se tiene que acabar”.

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en marzo sigue esa senda para reducir un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010. La norma grava los plásticos de usar y tirar (690 millones) y recoge la llamada responsabilidad ampliada del productor (RAP), de forma que quien venda un producto asuma la gestión del residuo que genere. Un RAP con coste. Exactamente 1.150 millones, según un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi). Si la ley preocupó a los sectores y empresas afectados, el decreto de acompañamiento ha encendido las alarmas. 

Cuello de botella

Para cumplir con la normativa y reutilizar envases hay que disponer de materiales como vidrio y plástico reciclado. No hay. “En un año”, explica Lafuente, “el precio del vidrio ha subido un 50%”. Tampoco sobra material (plástico) reciclado. Luis Morales, cofundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular (CIDEC), asegura que hay un grave cuello de botella porque aumenta la demanda de materiales reciclados o alternativos, pero no existe un mercado que asegure el suministro. Según CIDEC, el mercado nacional de plástico reciclado solo tiene capacidad para producir 35 kilotoneladas, insuficiente para alcanzar las 54 necesarias para cumplir las exigencias de la UE que obliga a que las botellas contengan un 25% de este material para 2025. La apuesta por la reutilización frente al reciclado no convence a los fabricantes y distribuidores. José María Bonmatí, director general de AECOC, asegura que, tras el esfuerzo hecho por el sector en reciclado, apenas un año después se impulsa el sistema de devolución de envases para utilizarlos con el mismo fin. El esfuerzo, según Bonmatí, tendrá consecuencias. “Si se traslada el coste a los precios, mal, pero si no se traslada, muchas empresas se enfrentarán a la quiebra”. Bonmatí se refiere al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno previsto en la normativa. El sistema consiste en pagar un pequeño depósito por los envases y recuperar el dinero con su devolución.

Todos los afectados consideran que el ministerio se lo tiene que tomar con más calma. Coinciden en que no es el momento de aplicar nuevos impuestos. Ecoembes, la organización que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros, resume así la situación. “Ecoembes lleva años reclamando a las autoridades la necesidad de avanzar en cuerpos normativos audaces para aproximarnos a un modelo de residuo cero, pero, a la vez, sin generar distorsiones ni penalizar a una ciudadanía que ya bastante está sufriendo”.